Miles de cordobeses se vieron perjudicados por una exagerada protesta gremial que no midió los alcances ni el rechazo generalizado que cosechó en la sociedad.

En la mañana de este miércoles miles de cordobeses se vieron sorprendidos en las paradas del transporte urbano por la ausencia de colectivos de la empresa Ersa.

La causa: una protesta gremial en demanda de la reincorporación de un trabajador despedido de esa empresa consistente en un piquete que impidió la salida de las unidades.

Las consecuencias: llegadas tarde al trabajo o a la escuela, pérdidas del plus de puntualidad y hasta onerosos gastos en taxis, entre otros.

La rápida actuación de funcionarios municipales y de la justicia lograron que, pasadas las 9 de la mañana, se normalizará el servicio.

¿Quién paga tantos platos rotos? ¿Quién es el culpable del gigantesco alcance que tuvo esta protesta?

Para el secretario de Transporte, Marcelo Rodio, “lo sucedido constituye un delito con implicancias públicas y varias aristas, que van desde el secuestro de las unidades de transporte público al perjuicio ocasionado a miles de usuarios, pasando por la interrupción de derecho a trabajar de los choferes que no podían salir a cumplir con sus tareas”.

La carga del funcionario apunta contra la acción emprendida por la UCRA, una institución de cuestionable representatividad gremial y cuyas acciones se enfrentan al unicato que establece la legislación sindical argentina, aunque al respecto exista jurisprudencia que pueda cobijarla.

Con todo, la demanda reclamada, aún cuando fuera legítima, no habilita a cometer el delito que le atribuye Rodio.

Por otra parte, también existe responsabilidad de Ersa, toda vez que no tuvo un plan de contingencia para evitar la interrupción total de sus servicios como lo hubiera sido, por ejemplo, tener sus unidades separadas en distintos predios, tal como ocurre con las otras dos empresas prestatarias.

¿Cómo es posible que una empresa con la trayectoria de Ersa no sepa que debe tener su flota separada en distintos lugares, como si lo tienen dispuesto Coniferal o Tamse, para poder responder a contingencias que van desde un piquete como éste a siniestros tales como incendios o interrupciones de rutas de acceso, causadas por fenómenos naturales o manifestaciones sociales?

Más allá de la normativa que estableció la esencialidad del transporte, el mismo pliego de concesión establece que “los servicios troncales no pueden ser alcanzados por medidas de fuerza ni reducir frecuencias por debajo del 30 por ciento”.

Además, el decreto 4427/12 dice que “en caso de conflicto gremial, las empresas deben asegurar una frecuencia del servicio del 30 por ciento”,  por lo que deberán “arbitrar las medidas para evitar conflictos gremiales, incumplimientos salariales y cesantías sin causa”.

Un gremio que actúa en forma irresponsable y delictiva y una empresa que no tuvo plan B para evitar el cese completo de sus servicios hicieron el cóctel indigesto que provocó el mal trago a miles de cordobeses.

Para el primer caso, la justicia, en una causa que ya fue derivada por el fiscal a la esfera correspondiente, debe actuar en consecuencia para evitar que se convierta en un método frecuente.

Para el segundo, las autoridades concedentes deben actuar con todo el rigor que demanda la situación.

A los cordobeses nos urge encontrar un camino que, de una vez por todas, nos lleve a tener el transporte público que nos merecemos. Para que eso suceda, episodios como el de este miércoles deben quedar definitivamente en el pasado.