Habían abonado todos los productos pero por algún motivo no se quemó el código de barras.

En el año 2018, en pleno supermercado y a la vista de todos los clientes que se encontraban allí, guardias de seguridad derribaron al piso a un hombre a quien le habían sonado las alarmas.

Comenzaron a sacarle todos los productos, se lo llevaron a un lugar más reservado, pasaron todas las cosas por un lector y se conoció que un desodorante no había pasado por el lector de barras.

Cargando una gran vergüenza, tras haber sido tratado de “ladrón” en frente de todas las personas que se encontraban en el supermercado, el hombre volvió a pagar y se fue a su casa.

Más tarde, tranquilo, en su hogar el hombre comenzó a leer el ticket y en el mismo aparecía el desodorante, lo había abonado, pero por algún motivo no se quemó el código de barras.

Tiempo más tarde comenzó una demanda, que el día de hoy tuvo su fallo en el juzgado de Bell Ville, donde se condenó al supermercado por “daños morales y psicológicos” por una suma de 200 mil pesos más intereses en concepto de daño punitivo, alcanzando los 2.000.000 de pesos.

El Juzgado en lo Civil, Comercial y Familia de 2° Nominación de Bell Ville condenó a una cadena de supermercados con sede en la ciudad a resarcir los daños morales y psicológicos ocasionados a dos personas que sufrieron malos tratos por parte de dos empleados del centro comercial.

Los clientes habían sido acusados de retirarse del establecimiento con mercadería que no habían pagado, cuando, en realidad, el sistema de alarmas se había activado por error en la lectura del ticket.

En tal sentido, la sentencia señaló que la finalidad de la multa es compeler a la empresa “a implementar las medidas adecuadas para que no se reiteren hechos dañosos (…) en el futuro”.

Luego de determinar la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, la magistrada consideró que los dependientes del supermercado que intervinieron en el hecho no actuaron con la discreción, prudencia y reserva que merecía el caso. Esto, sumado a que el acontecimiento ocurrió en una hora pico de concurrencia de público, cerca de las 11 horas, en una ciudad en la que los damnificados eran conocidos.

La jueza Molina Torres sostuvo que ello configuró una práctica abusiva, sancionadas por el artículo 8 bis de la Ley n.° 24.240, que prevé que los proveedores deberán abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias.

A su vez, confirmó que la empresa tenía conocimiento sobre los posibles errores del sistema de alarmas, que podían activarse por causas no imputables al cliente, y destacó que el supermercado “debió extremar sus diligencias para corregir tales errores o, al menos, implementar prácticas que aminoren los efectos no queridos de tal hecho para no afectar los derechos del cliente ante tales acontecimientos”.