El reconocido conductor, locutor y animador cordobés, detenido desde hace casi nueve meses y acusado por supuesta “estafa y asociación ilícita”, cuenta por primera vez su versión de los hechos.

El 10 de diciembre del año pasado, el universo de los amantes de la radio cordobesa se sorprendió con la noticia de la detención del locutor, conductor de programas y animador Edgar Moreno. Han pasado casi nueve meses y, tras ese tiempo prudencial, fruto de varias comunicaciones telefónicas con él, desde la penitenciaria de Bouwer, y tras superar todos los inconvenientes que eso implica, respetando las reglas y horarios de llamadas que impone la Justicia en el marco de la pandemia, logramos armar una entrevista para conocer su opinión y sus sentimientos ante este momento difícil que le toca transitar.

Lo primero que le pregunté a Edgar es lo que todos queremos saber: “¿Qué te pasó, Negro? Nos dejaste a todos sorprendidos”.

Tras una pausa en la que seguro dominó la emoción, Moreno respondió: “El más asombrado con mi detención fui yo, quienes conocen mi trayectoria son conscientes de que soy un hombre de bien y un emprendedor, no un delincuente ni un estafador. Todos saben que amo el trabajo, que he madrugado mucho tiempo o me he acostado muy tarde por amor al trabajo. Me entusiasmé con el desarrollo y conocimiento de las criptomonedas, proyecto que tomé seriamente y en el cual confío, pero nunca imaginé que esto me podía pasar.

Ante esto, lo interrumpo para admitirle mis dudas. Le digo con sinceridad: “Estas acusado de estafa y el fiscal agrega además que hubo asociación ilícita ¿Nunca se te cruzó por la cabeza que la criptomoneda que comercializaban podía ser falsa?”. 

“Mirá _respondió Moreno_, en este momento hay 14 imputados en esta causa. Yo te pregunto a vos: ¿Imaginás salir a juntar 14 personas con trayectoria, trabajo, familia, amigos, arraigo, y sin antecedentes penales para asociarlos a cometer un delito? ¡Es imposible! Dos cosas quiero aclarar, a los 10 primeros imputados no sólo se nos culpa de asociación ilícita, sino que, incomprensiblemente, somos todos organizadores, o sea jefes de esa asociación Ilícita. Parece que en este grupo no hay indios, somos todos caciques”, agregó.

Lo interrumpo en el intento de armar un poco el rompecabezas: Supongamos que fueran todos caciques, entonces ¿Quién los denunció?”.

Parece que Edgar sabe bien quién fue, porque no titubea para responder. “Fue uno de los miembros que no se sintió satisfecho con sus ganancias ¡Lo paradójico es que fue uno de los mejores vendedores de los paquetes educativos!”.

_Si era miembro, debe estar detenido, me imagino…

_¡No! ¡Y es lo que nos preguntamos todos los días! Estuvo dos años realizando la misma actividad. No sólo eso; el otro supuesto damnificado es un policía de la provincia de Córdoba de la Unidad de Delitos de Causas Complejas, un gran vendedor de paquetes educativos que se cansó de afirmar públicamente que el nuestro era un emprendimiento legal. ¡Qué casualidad! se notició de la denuncia por supuesta estafa y se presentó voluntariamente. 

Hubo una breve interrupción en la llamada, pero al retomar la conversación, Edgar siguió con su explicación: “Nosotros nos sumamos a una empresa ya constituida hace años, no nos asociamos para llevar adelante este proyecto. Nos sumamos a una empresa que cuenta con más de 130 mil integrantes. ¡No creo que Bouwer pueda albergar a tantos miembros!”.

Imagino ante esta respuesta que esa cantidad de personas conforman una ciudad entera, más grande que Río Cuarto, entonces le pregunto: “Pero, si es así como me contás ¿Por qué hace tanto tiempo que estás detenido?”

Edgar suspira, pero me contesta al toque: “Cuando me detuvieron, ilusoriamente imaginé que en menos de 10 días mi inocencia quedaba probada, pero acá estoy, llevo casi nueve meses esperando que se resuelva mi situación. Me opuse y apelamos a la prisión preventiva ante el Juez de control, pero nunca respondió. Parece que en la justicia cordobesa los plazos de los defensores son fatales o perentorios mientras que los de los funcionarios judiciales, que son los fiscales y jueces, son ordenatorios, porque responden cuando quieren.

Reclamo internacional

Pienso por un momento en que tanto Edgar como los otros detendios se han resignado a la situación, pero, ante la pregunta “¿No hicieron nada más?”, Moreno me cuenta: “Ante la falta de respuesta del juez de control, decidimos acudir a los sistemas de protección internacional. Presentamos una solicitud de Medida Cautelar ante la Comisión interamericana de Derechos Humanos y lo mismo hicimos ante el Grupo de Trabajo de Detenciones arbitrarias de Naciones Unidas donde ya hay un antecedente, que es caso Lucas, de la denominada Megacausa”. 

Aprovecho entonces para exponerle otra duda: “Por lo que he leído en las noticias sobre esta causa, parece que se les imputa un delito internacional y sobre criptomonedas, ¿No sería éste un asunto que le compete más a la Justicia Federal?”

Edgar no duda esta vez y contesta: “Claramente, esto debería ser una causa federal y, si así fuese seguro estaríamos todos transitando un proceso penal en libertad. Tengo entendido que en la Justicia Federal se respetan los derechos constitucionales: la presunción de inocencia y la libertad. El abuso de la prisión preventiva es una práctica de la Justicia provincial”. 

_Me enteré que recientemente detuvieron a más personas en esta causa.

_Si, detuvieron a cuatro personas más, que ya llevan 30 días detenidos en la UCA, donde están alojados en una situación de extrema precariedad: son 44 personas en una celda donde apenas hay 14 camas, el resto duerme en un lugar helado con poca ventilación, donde la mayoría fuma. Uno de los detenidos, de 33 años, se contagió de covid y actualmente está en coma inducido. ¿Quién va a reparar moral y económicamente a sus familiares? ¿Cuánto le va a costar a la provincia resarcir semejante daño?

Otra vez nos apura el tiempo de la llamada “que proviene desde una penitenciaría” y entonces le digo a Edgar que, antes de cortar, pida algo que podamos transmitir:

Moreno piensa un instante para armar sus ideas, pero cierra con una demanda concreta: “Sólo le pido al señor fiscal que investigue todo lo que sea necesario, respetando nuestros derechos básicos: la presunción de Inocencia y la libertad. Me aterra la siniestra realidad con compañeros de pabellón que llevan casi tres años detenidos sin juicio, sin investigación y sin sentencia ¿Qué margen le queda a la justicia para descubrir la inocencia cuando ya cumpliste la condena?”.