Ministros y funcionarios avalaron la idea de una alianza público-privada.

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, y el diputado Carlos Heller, se manifestaron a favor de la iniciativa de la diputada oficialista Fernanda Vallejos, quien propuso que el Estado se quede con acciones de las empresas privadas a las que asiste en el marco de la pandemia del coronavirus.

“Se necesitan más recursos, el Estado tiene que participar. Estoy publicando un libro con Mujica y conversamos con él lo que tiene que ser una alianza público-privado, donde el Estado no ahogue al sector privado sino que lo promueva y sea socio de los beneficios, pero no desde el lucro, sino desde la reinversión privada”, señaló Trotta en declaraciones a radio La Patriada.

Heller, por su parte, aseguró que la propuesta de Vallejos “la lanza una diputada y merece ser debatida, porque muchas de esas empresas tienen participación estatal hoy”. “Cuando eran las AFJP no les importaban que las AFJP sean socias, y cuando se cambió el régimen y volvió a ser un régimen público esas acciones que las AFJP tenían de esas grandes empresas pasaron a formar parte del patrimonio del Estado. ¿Es tan loco pensar que esas grandes empresas, que tienen una incidencia en la vida de los argentinos, amerite que el Estado tenga una presencia y una participación en las decisiones que se toman?”, expresó, en diálogo con radio Mitre.

Claudio Moroni, ministro de Trabajo, ya se había manifestado a favor del proyecto al decir que “es un tema que se está discutiendo a nivel mundial y que es realmente interesante”. “Quizá le veo algunos problemas operativos, pero no discuto el tema de fondo”, aseguró.

La diputada Vallejos, por su parte, dijo que es una iniciativa sobre la que se expresó “favorablemente siguiendo lo que vienen siendo las distintas medidas que vienen adoptando diferentes países de todo el mundo y particularmente países europeos: lo han hecho Inglaterra, Francia…“.

No sería para todas las ayudas que están contempladas dentro del ATP, sino exclusivamente para los grandes grupos económicos. No para las pymes que en esos casos seguirían siendo asistidas”, aclaró la legisladora kirchnerista.

Sobre las repercusiones de su propuesta, la economista dijo que ha “leído y escuchado barbaridades que no tienen ningún sentido. He escuchado expropación, confiscación, control, quedarse con las empresas, la capitalización de las empresas no tienen nada que ver con eso”. Y aclaró que el Estado “ya tiene participación accionaria en muchas de estas empresas y no apareció ningún cuco en todos estos años.

En contraposición, el legislador opositor Luis Petri presentó este miércoles un proyecto para prohibir que las ayudas que otorga el Gobierno puedan condicionarse a la participación en el capital social por parte del Estado. “El Estado involucrándose en los planes de negocios de las empresas y quedándose con parte de sus acciones a cambio de ayuda, atenta contra el derecho de propiedad, es una confiscación de bienes encubierta”, dijo el diputado.